Los que subscriben, Carlos Navarro López, Celso Pulido Santiago y Alejandro Martínez Hernández, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de que en el año 2008, la Cámara de Diputados aprobó el mayor presupuesto para el campo en la historia de nuestro país el cual fue del orden de los 204 mil millones de pesos, los resultados derivados de la aplicación de tales recursos no han conducido a una mejoría en el nivel de vida de los millones de mexicanos que habitan en las áreas rurales, no se han generado los empleos necesarios que se prometieron crear, la competitividad que supuestamente nos iba a permitir alcanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tampoco se ha logrado y nuestros recursos naturales se siguen deteriorando, saqueando y entregando de manera indiscriminada al capital extranjero.
Y por si no bastara este crítico panorama, ante la incapacidad, ineficiencia y falta de sensibilidad de las autoridades federales para dar respuesta a la grave situación que vive el campo mexicano, hoy somos testigos y padecemos una grave crisis alimentaría.
Crisis que se ha traducido en un incremento de cerca del 7 por ciento en el precio de los productos de la canasta básica como el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, las tortillas que son del consumo generalizado de la población, lo que significa el nivel más alto desde 2005.
Aun en los precios de los productos procesados que supuestamente el gobierno federal había pactado congelar con la iniciativa privada, para aliviar temporalmente esta situación de crisis, se ha incumplido dicho pacto al observar en la primera quincena del pasado mes de agosto aumentos cercanos al 10 por ciento en el costo de estos alimentos.
Tan sólo a principios de este año, el precio de la leche pasteurizada se ubicaba por debajo de los 10 pesos. El día de hoy este mismo producto se paga a 11.50 pesos en las cadenas de supermercados y a 12.50 pesos en los pequeños establecimientos.
Y que decir del incremento en el precio del aceite comestible, del azúcar y de los granos básicos como el maíz, los cuales se han disparado en más del 50 por ciento.
Mientras esto sucede, las dependencias del gobierno federal responsables del ejercicio presupuestal aprobado por esta soberanía en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable e incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a través de las diversas comparecencias a las que se han convocado a los responsables de dichas dependencias, han proporcionado información a cuenta gotas del ejercicio de éste en el mejor de los casos. En otros, casos nos muestran cifras alegres amparados en el manejo de las cifras pretendiendo ocultar lo que todos sabemos que es una realidad.
Nos referimos concretamente al subejercicio presupuestal observado en la presente administración del gobierno federal. Resulta un contrasentido que mientras los diputados de la presente legislatura aprobamos los presupuestos más grandes en la historia del país, en la perspectiva de reactivar el campo e impulsarlo para garantizar la disponibilidad de alimentos y abastecer la demanda interna la realidad nos muestra que hoy somos más dependientes como nación en materia alimentaría.
La pregunta obligada es: ¿Dónde están los resultados que se esperaban obtener a partir de la aplicación de estos recursos a los diversos programas previstos en el PEC? ¿Cómo han impactado estos programas medidos estos a través de una serie de indicadores tales como niveles de producción, incremento de la productividad, generación de empleos, redistribución de la riqueza, conservación de los recursos naturales, por mencionar sólo algunos.
La respuesta es que estos recursos presupuestales no han llegado, han llegado tarde o simplemente se han pervertido los objetivos y las metas trazadas originalmente en el presupuesto y se han sometido a una serie de ajustes o trasferencias y se han aplicado con una amplia discrecionalidad por parte de los responsables del ejercicio de este recurso.
Por ello, en el ejercicio pleno de una de las facultades del Poder Legislativo en el sentido de constituir un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, no debemos permitir más que esta historia se vuelva a repetir.
En consecuencia, el espíritu de la presente propuesta es condicionar al gobierno federal para que en materia de presupuesto rural previa a la discusión y aprobación del PEC 2009, los titulares de las dependencias relacionadas con el campo, deberán de entregar un balance pormenorizado y claro de cómo, cuánto y dónde se han aplicado los presupuestos bajo su responsabilidad.
Debido a que los tiempos establecen que el 8 de septiembre esta soberanía deberá recibir de manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el paquete económico 2009 y con el propósito de tener tiempo para procesar dicha información previa a la aprobación de dicho paquete, lo cual deberá a ocurrir a más tardar el próximo 15 de noviembre, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de obvia y urgente resolución con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a los titulares de las dependencias del Ejecutivo federal responsables del ejercicio del Programa Especial Concurrente 2008 presenten con carácter de urgente a esta soberanía un informe pormenorizado y claro del avance presupuestal de la dependencia a su cargo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López, Alejandro Martínez Hernández, Celso David Pulido Santiago.